En una nueva entrevista del ciclo de vinculación que organiza Aneiich para seguir el proceso constituyente, conversamos con Marcos Barraza, exministro de Desarrollo Social durante el gobierno de la presidenta Bachelet y actual convencional constituyente por el distrito 13.
El militante del Partido Comunista dio a conocer su punto de vista sobre los principales perfiles que debería tener la Nueva Constitución en materias de derechos sociales y tributarios, así como también el desafío que tendrá el poder legislativo para adaptarse al próximo escenario político y económico luego de las crisis que ha traído la pandemia y el manejo del actual Gobierno.
¿Cómo ves tú la participación gremial, como Aneiich, en todo el proceso constituyente?
Creo que el rol de las organizaciones sociales, comunitarias y de la ciudadanía en general es determinante para que el carácter popular de la convención no se desnaturalice y conserve el espíritu de transformación. Si la ciudadanía no tiene un rol activo en este proceso el debate puede tomar cualquier rumbo. Lo que está en juego con la Nueva Constitución es la posibilidad de iniciar en chile una trayectoria distinta a la trayectoria de exclusión que ha vivido hasta ahora.
Se requiere de un conocimiento que se ha ido cultivando en el mundo social. Si vamos a discutir de justicia fiscal, sobre igualdad sustantiva, sobre recursos permanentes para derechos crecientes, el rol de Aneiich y otras organizaciones, que su quehacer está vinculado a temas tributarios, es indispensable. Si uno quiere abordar las desventajas de origen, las insuficiencias, las postergaciones de vastos grupos y universos del país, si quiere construir una política pública que deje atrás la subsidiariedad y la focalización y se oriente a la garantía de derechos universales, necesariamente se requieren recursos permanentes, y construir un marco regulatorio desde el punto de vista de la garantía constitucional es el punto de partida.
Durante la pandemia hemos tenido que usar nuestros ahorros previsionales. ¿Cómo podemos garantizar la calidad de vida en la vejez y cómo se puede establecer en la nueva constitución?
Los costos de la pandemia fueron traspasados a las trabajadoras y trabajadores. Las decisiones del Gobierno pusieron en manifiesto la fragilidad de un modelo subsidiario y de una política pública extremadamente focalizada. En esos términos, la protección social se debilitó y se fragilizó la seguridad social. Constitucionalmente, nosotros deberíamos adscribir al Convenio 102 de la OIT para poder construir, en términos normativos, políticas públicas basadas en la solidaridad intergeneracional, intrageneracional, por cierto, de los más ricos hacia los más pobres. En materia de pensiones, Chile debería dejar atrás el modelo de capitalización individual y crear un sistema de pensiones basado en el reparto. La constitución debiese ser el paraguas que sostenga un modelo de política pública de corte solidario y de reparto.
¿De qué forma deberían establecerse las normas tributarias en la Constitución para entregar garantías reales a los ciudadanos?
Si uno adopta el enfoque y una norma transversal de igualdad sustantiva en el entendido de que el Estado contribuye, aporta y da garantías, dependiendo de las desventajas que tiene cada grupo, debe sostenerse a una política de justicia fiscal en el plano tributario. Eso obliga a una lógica progresiva, donde la recaudación recaiga principalmente sobre las grandes fortunas y grandes empresas. Debemos construir un sistema tributario con la base de la justicia fiscal, donde el combate a la elusión y evasión sea un elemento sustantivo. Eso implica darle más atribuciones y herramientas a instituciones como el SII.
¿Cómo la Nueva Constitución podría establecer en el sistema tributario que existan impuestos que sean de carácter permanente y que se hagan cargo de las necesidades básicas de las personas?
Yo creo que Chile debiese consignar a nivel constitucional un principio de planificación social y económica que le dé atribuciones al Estado para diseñar e invertir en políticas públicas. Del mismo modo que se debe discutir un nuevo sistema tributario, se debe discutir la base económica de la Nueva Constitución. Lo que pasó con las farmacias populares dejó en evidencia que, en diferentes niveles, el Estado también se expresa en los Gobiernos Regionales, en las municipalidades, pero ellos no tienen herramientas para hacer políticas públicas. Debe crearse un sistema de justicia fiscal, un modelo tributario de carácter progresivo en que las grandes empresas paguen más. Pero también revisar las bases de la institucionalidad económica para que el Estado tenga herramientas para incidir.
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