Nos dirigimos a ustedes para denunciar un conjunto de episodios vergonzosos para nuestra institución ocurridos durante los meses de enero y febrero, los cuales constituyen comportamientos abusivos no vistos desde los tiempos de dictadura, así como retrocesos inaceptables en nuestras políticas vigentes en materia de gestión de personas, inversiones tecnológicas y de relaciones laborales.

El primero de ellos, refiere al concurso de reconversión de funcionarios fiscalizadores tasadores, el que a pesar de los compromisos explícitamente adquiridos con nuestra asociación, la Subdirectora de Personas Carolina Soto, instruyó la aplicación de procesos de selección con prácticas abiertamente discrecionales y discriminadoras hacia a nuestros asociados de los escalafones auxiliar, administrativo y técnico, que se habían logrado erradicar después de muchos años de gestiones sindicales, dicha imposición ha derivado en la exclusión de 10 de nuestros/as asociados/as del próximo curso habilitante para el ingreso al escalafón de fiscalizadores tasadores.

Adicionalmente, hemos recepcionado múltiples denuncias respecto a la demora inexplicable de concursos de jefaturas y la extensión de subrogancias sin suplencias ni pago de asignaciones correspondientes, especialmente en las áreas de DEPAT y Jurídica, lo que sumado a la falta absoluta de información y gestiones para retomar los procesos concursales y de ascenso suspendidos el año pasado por los recortes presupuestarios instruidos por el Ministerio de Hacienda, representan otro grave retroceso en nuestras políticas de carrera vigente.

Durante el mes de enero se emitió una nueva circular de cometidos y viáticos por parte de las subdirecciones de Administración y Desarrollo de personas, sin participación alguna de nuestras asociaciones de funcionarios, que entre otras consideraciones, consagra la dependencia de nuestras autoridades respecto al Ministerio de Hacienda, retrocede en materia de discrecionalidad de los equipos directivos para determinar los horarios de salida y regreso al puesto de trabajo de funcionarios en cometidos, no responde a los planteamientos de la Contraloría General de la República respecto al reembolso de gastos efectuados en localidades que no dan derecho a viáticos, y pone en duda la práctica institucionalizada de pago de anticipos de viáticos para los funcionarios que realizan cometidos nacionales, así como el pago íntegro de viáticos por períodos superiores a 10 días en el mes.  

Durante el mes de febrero, se implementó una interpretación arbitraria del dictamen de Contraloría que instruye el pago de un bono compensatorio a las funcionarias con derecho a sala cuna que se desempeñan en formatos de trabajo remoto, estableciendo un monto único de $85.000, el cual no guarda ninguna relación ni con los aranceles de este tipo de establecimientos educacionales, las remuneraciones para personas que brindan servicios de cuidados de menores en el hogar, ni siquiera el sueldo mínimo vigente en Chile, representando una abierta transgresión a los derechos maternales y nuestras políticas de equidad de género, ad portas de una nueva conmemoración del día internacional de la mujer.

La semana pasada, se comunicó la adquisición de más de 1600 nuevos equipos computacionales a través de la cuestionada empresa SONDA, los cuales serán distribuidos casi en su totalidad a las jefaturas, sin dar ninguna respuesta al conjunto de problemáticas de conectividad que han debido enfrentar nuestros equipos de trabajo a lo largo del país con tal de dar continuidad a la atención a los contribuyentes. ¿Es acaso más urgente la entrega de notebooks de alta gama a nuestros/as jefes que el reforzamiento de nuestros equipos de asistencia de cara a la próxima operación renta?

Adicionalmente, esta semana se informó la rotación de todos los Consultores de Recursos Humanos de las Direcciones Regionales Metropolitanas, lo que más allá de las razones motivantes, resulta ser un contrasentido en la lógica de apoyar el proceso de instalación de los nuevos Directivos que asumen en Santiago, no guardando ninguna concordancia con los planes y programas de gestión de procesos de cambio al interior de nuestra institución, evidenciando la repetitiva pobreza en las decisiones de carácter técnico adoptadas. 

Por último, el pasado viernes 26 de febrero, tres de nuestros asociados fueron notificados por correo electrónico del término de sus contratas al 31 de marzo del presente año, reeditando la vieja práctica de los “viernes del terror”.

Para dos de estos funcionarios, que se desempeñan en la Dirección Nacional, se les definieron “planes de condicionalidad” imposibles de cumplir, con tareas y funciones no necesariamente relacionadas con su desempeño en la institución, y en cuyo proceso de monitoreo pudimos documentar prácticas que no se ajustan a los principios, hitos y condiciones contenidos en la política vigente para el egreso de personas, vulnerando sus derechos como trabajadores y desconociendo una vez más el diálogo y el sentido humano de nuestra labor, sobre todo en un estado de excepción como en el que nos encontramos.

Pero la situación más grave de todas, se presentó con uno de nuestros asociados de la Dirección Regional La Serena, que pese a presentar un diagnóstico de una enfermedad degenerativa en fase avanzada, y al inicio de los trámites de pensión de invalidez con el apoyo de nuestra asociación, la Dirección del Servicio igualmente cursa su desvinculación, condenándolo literalmente a la cesantía y pobreza, en una nueva muestra de su total falta de empatía, humanidad y decencia hacia quienes trabajamos en el SII.

¿Es esto señor Director lo que usted entiende como “el afecto de siempre”?  ¿Es acaso este “clasismo versión Soto” lo que el actual equipo directivo pretende instalar como nuevo modelo de desarrollo de personas?

En un estilo de administración muy concordante con la gestión de gobierno, vemos con preocupación como se intenta consolidar un estilo de “liderazgo” distante, clasista, sesgado y alineado con intereses personales, por sobre el bien de Chile y nuestra institución.

Las y los funcionarios del SII siempre nos hemos caracterizado por apoyar los procesos de innovación tecnológica e institucional que demanda el país, pero nos resulta imposible guardar silencio o mantenernos al margen frente a gestiones que dañan a nuestra institución y/o que impliquen retrocesos en las condiciones laborales o vulneración de nuestros derechos como trabajadores del Estado.

Es por esta razón que nuestra asociación de funcionarios interpondrá los recursos judiciales necesarios para impedir y revertir la desvinculación ilegal de nuestros colegas de Santiago y La Serena y exigimos la anulación del conjunto de medidas arbitrarias y retrocesos documentados durante la gestión de Carolina Soto, así como le exigimos su renuncia a la Subdirección de Desarrollo de Personas, esperando pueda al menos visualizar que el Servicio de Impuestos Internos es una institución centenaria de excelencia y honestidad, y no un fundo de mezquindad y arbitrariedad.

Junt@s, defendemos y ampliamos nuestras

Condiciones laborales y carrera funcionaria

                                 Directorio Nacional ANEIICH               

Contigo, el SII y el País

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