Esta semana, hemos conocido mediante una escueta noticia en intranet el resultado del concurso de Jefatura de Departamento de Administración de la Dirección Regional Temuco adjudicado a un profesional externo a nuestro servicio. Tras representar nuestra molestia y rechazo a esta decisión se informó a la Dirección que se harían las presentaciones que fueran necesarias ante la CGR para anular este proceso. Posteriormente, durante el día de ayer se nos informó que por un grave vicio del proceso, el concurso se dejaría sin efecto.
Es muy difícil comprender la insistencia en seleccionar externos en cargos directivos, que desconocen nuestra trayectoria y cultura institucional, considerando el alto componente profesional que nos caracteriza, con funcionarios con competencias, perfiles y aptitudes acordes a los requerimientos para asumir responsabilidades en labores directivas.
Estas decisiones se hacen aún más cuestionables, si se ponderan las restricciones presupuestarias impuestas por el Ministerio de Hacienda a través de su oficio Circular 15, que, entre otras materias, prohíben nuevas contrataciones y aumentos de la dotación efectiva desde el mes de abril del año 2020.
Producto de estas restricciones, la dotación de nuestro servicio se ha visto reducida en más de 150 personas respecto de la autorizada por ley, lo que ha generado múltiples complicaciones en todos los equipos de trabajo, las que se vieron especialmente agudizadas este año, producto de la entrega de beneficios económicos a la ciudadanía que no guardan ninguna relación con nuestra misión institucional.
Pese a este contexto, se produjo una discutible contratación por parte de la Subdirectora de Personas, Carolina Soto, de 2 profesionales que trabajarán directamente bajo su dependencia en un rol de “asesores”. Desconocemos cómo se gestionaron estas vacantes o por qué no se consideraron a las y los profesionales de su subdirección (muchos de los cuales cuentan con una vasta experiencia profesional tanto dentro como fuera del SII), si estas contrataciones contaron con la autorización expresa del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto o si éstas afectaron las contrataciones de otras áreas de la institución que enfrentan requerimientos más urgentes.
Estas contrataciones, se contradicen con las propias palabras de la Sra. Soto al asumir su cargo, que señaló expresamente que “no necesitaba asesores”, y se tornan aún más graves cuando, según la información recabada, una de las personas contratadas habría trabajado previamente con ella, reinstalando lógicas de “acarreo laboral” que nuestras asociaciones han
buscado explícitamente erradicar de nuestra institución.
Lamentablemente, estas decisiones se suman a una larga lista de episodios y resoluciones ampliamente cuestionables desde el punto de vista profesional, ético e institucional, que han generado un daño y retroceso incalculable en nuestras políticas de gestión de personas, entre las que destacan:
▪ Cierre del Centro de Formación e Investigación Tributaria – CFIT.
▪ Capacitaciones e-learning sin estándares básicos de calidad ni condiciones apropiadas para la participación de funcionarios.
▪ Dejar de pagar a los monitores de Formación, por considerar que era parte de su trabajo y que no correspondía remunerarlos.
▪ Denegación y obstaculización de información solicitada por las asociaciones, en el marco de su gestión sindical.
▪ Reducción sistemática de beneficios y compensaciones para funcionarios: Cierre del Centro Vacacional Lican Ray, uniformes, bono sala cuna de $85.000.
▪ Transgresión de Procedimientos de reclutamiento, selección y desarrollo de carrera en el marco del proceso de contratación de nuevos fiscalizadores tasadores y contratación de nuevas jefaturas.
▪ Congelamiento de procesos de traslados y rechazo generalizado de permisos sin goce de remuneraciones.
▪ Nula sensibilidad frente a situaciones dramáticas de funcionarios, tal como quedaron reflejadas en su tristemente célebre frase “solamente 2 muertos” y el despido arbitrario e ilegal de nuestro colega Boris Montero, revertido en tribunales de justicia.
▪ Intento de implementar piloto de teletrabajo sin respetar condiciones laborales mínimas de acuerdo a legislación vigente.
▪ Implementación del proyecto de “Transformación Laboral”, sin resultados ni aportes concretos para la institución.
▪ Rechazos y retrocesos en instancias de participación funcionaria: Consejo
Administrativo de Bienestar, no implementación de mesas COVID con asociaciones de funcionarios, instrucción de Calificar a Representantes de Juntas Calificadoras que no resultaron electos este año, nula gestión y negociación tardía del proceso de calificaciones 2020 y 2021.
▪ Negativa a implementar políticas de inclusión en materia de diversidad afectiva.
▪ Abandono de planes de gestión del clima laboral y deterioro significativo de las relaciones interpersonales al interior de su propia Subdirección, donde no ha implementado las políticas vigentes en materia de buen trato y ejercicio de jefaturas, adoptando incluso represalias contra jefaturas y profesionales que no han compartido o le han cuestionado algunas de sus decisiones.
Como asociaciones de funcionarios no permitiremos que se continúen dañando nuestras condiciones laborales construidas durante décadas de lucha sindical y diálogo institucional, mucho menos por parte de una autoridad cuya función principal es precisamente implementarlas, cuidarlas y promoverlas.
Por todas estas razones, hemos solicitado una revisión a los últimos concursos, de modo de implementar todas las acciones sindicales, administrativas y judiciales que resulten pertinentes, para revertir las posibles decisiones arbitrarias e ilegales adoptadas e instruidas por la Sra. Soto. Además, comunicamos a la Dirección del Servicio, que no la reconocemos más como interlocutora válida de la institución, dada su falta de competencias técnicas, relacionales y valóricas mínimas para el desempeño de su cargo.
DIRECTORIOS NACIONALES
AFIICH y ANEIICH
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