Con sorpresa observamos a través de la prensa la actitud arrogante e irreflexiva del señor Fernando Barraza, quien en entrevista otorgada al diario La Tercera, reafirmó su política de dañar de forma sistemática el trabajo, imagen e integridad del Servicio de Impuestos Internos, al señalar que la culpabilidad del desastre que vive nuevamente nuestra institución producto del perdonazo tributario de más de $1.400 millones a la empresa PENTA, recae en todos menos en él.
En primera instancia expresa que los cuestionamientos planteados responden a la “falta de entendimiento de la ciudadanía y sus funcionarios”, razón por la que sus medidas inmediatas serán la auditoría de los procesos seguidos en este caso y la apertura de un sumario para sancionar eventuales responsabilidades administrativas por la filtración de estos antecedentes a la prensa.
También culpa a la ley y a los legisladores de esta situación, ya que el servicio sólo realiza una “aplicación estricta de la ley”, pero olvida que lo que se está cuestionando es su interpretación laxa de la normativa en favor de los contribuyentes, en línea con los postulados de las principales empresas auditoras que contradicen criterios de fiscalización tradicionales de nuestro servicio.
Y como guinda de una torta que nadie se quiere comer, culpa a sus directores Regionales de las decisiones que se toman en el servicio.
¿Entenderíamos entonces que el Director Nacional es un mero objeto decorativo que desconoce e ignora o que sucede en los distintos equipos de trabajo y que aparece exclusivamente para ofrecer cacerías de brujas y persecuciones ante situaciones de crisis, siempre cortando el hilo por lo más delgado?
A juicio de nuestras asociaciones, este nuevo episodio solo viene a ratificar lo que señalamos con antelación en el marco del debate de la reciente contra reforma tributaria, que dado que el gobierno no logró implementar en forma completa el contenido de su propuesta, intentaría realizarlo a través de la vía administrativa, contando con la complicidad de nuestro Director Nacional, el Subdirector de Grandes Contribuyentes y la Subdirección Jurídica.
En la entrevista del diario La Tercera, el señor Barraza desconoce además que ha sido parte de una arremetida criminalizadora en contra casi medio millón de personas, quienes han ejercido su derecho ciudadano de solicitar un beneficio ante una situación de emergencia, culpándolos a ellos de las inconsistencias producidas en los sistemas y entregando sus antecedentes a los diferentes organismos empleadores, “para que cada repartición adopte las medidas que tenga que adoptar”.
Mientras para el ciudadano de a pie no hay secreto válido, se defiende a raja tabla el secreto para una empresa que ha faltado en forma sistemática la fe pública, y que sólo pudo ser conocida gracias a la investigación realizada por el Medio Independiente CIPER Chile. Pese a ello, el Director Barraza persiste en señalar que en el servicio “no hacemos diferencias”, acrecentando aún más el malestar ciudadano no solo en contra del SII, sino que en contra de toda la institucionalidad pública.
La única falta de entendimiento que queda de manifiesto en este episodio, es la del propio Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos respecto a su rol y atribuciones, que lamentablemente está generando un daño irreparable en nuestra institución y el país, en momentos que se requerirá más que nunca incrementar la recaudación tributaria para dar respuesta a las múltiples necesidades derivadas de la pandemia y el proceso de reforma constitucional que se encuentra en marcha.
La diferencias que nos separan como trabajadores del Servicio de Impuestos internos de nuestras máximas autoridades, no son solamente normativas o legales, son de carácter ético y moral, son de la forma en que enfrentamos la vida y la sociedad, pues las y los funcionarios de carrera somos servidores de Chile y no de los gobiernos de turno.
Estos episodios ponen en evidencia una vez más la urgente necesidad de repensar nuestro sistema tributario, de poner fin de una vez por todas las diferencias odiosas que existen entre delitos comunes y delitos de “cuello y corbata”, y que las entidades tributarias cuenten con un marco normativo especial, que asegure sus máximas autoridades autonomía efectiva respecto de los gobiernos de turno.
Señor Barraza, por el bien del SII y del país, desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Sii le hacemos un llamado a sacarse las manos del bolsillo y a firmar su renuncia.
Foto: La Tercera
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