Con el objetivo de contribuir a la discusión de los proyectos en el Congreso, hoy las asociaciones de funcionarios del SII nos reunimos con la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón, a quien presentamos propuestas en torno al royalty a la minería y beneficios Mipymes.
En este contexto, y respecto al bono para micro y pequeñas empresas de $1.000.000, lo primero que señalamos fue que al considerar a personas naturales y jurídicas que iniciaron actividades al 31.12.2019, deja fuera a Mypes que iniciaron su emprendimiento en período de pandemia probablemente con el objetivo de generar ingresos para enfrentar pérdidas de fuentes laborales propias o de familiares, e hicieron el esfuerzo de formalizarse, y por tanto, en lugar de castigarse como hace el proyecto, debiera apoyarse. En el proyecto de medianas empresas y pymes y micro que ingresó por el Senado no se hace esta discriminación.
Asimismo, el requisito de tener inicio de actividades con ingresos por ventas o servicios excluye a Mypes del transporte público que tributan con renta presunta, por lo que en las leyes anteriores se hizo necesario un bono especial. Podrían incluírseles expresamente con un beneficio menor.
También sugerimos incluir una norma de relación para evitar que falsas Pymes de holdings empresariales aprovechen estos beneficios, considerando por ejemplo, la suma de ventas con empresas relacionadas. Prueba de ello, fue el fracaso de los préstamos FOGAPE del año 2020, en el que los beneficiados mayoritariamente fueron empresas medianas con vínculos de relación con grandes empresas.
En este escenario, el proyecto de ley plantea el rol que deberá tener el SII, en donde nuevamente se le asigna la entrega y resolución de reclamos, sin otorgar recursos materiales y humanos para dicha labor. Actualmente, se están gestionando cerca de 600.000 reclamos por concepto del último bono y préstamos para la clase media, de los cuales sólo se ha logrado resolver 30.000 a la fecha.
Asimismo, 500 funcionarios han debido ser desviados desde sus labores habituales para atender estos reclamos, proyectándose que en las próximas semanas se deberá duplicar esta cantidad, alcanzando a más del 20% de la dotación para estos fines.
Lo anterior implica que, sin perjuicio de la necesidad de los /as ciudadanos/as y de la ayuda que podamos brindar, el objetivo central del SII se disminuye notablemente, con la exigencia de cumplir con las metas institucionales establecidas por Hacienda.
Por estas razones, se solicitó exigir a la DIPRES:
– Incluir un plazo de al menos 3 semanas para implementar estas medidas e informar apropiadamente a la ciudadanía.
– Autorizar al SII la reposición de las más de 130 vacantes que no se han podido cubrir, así como a la reactivación de los concursos de promoción y movilidad interna suspendidos desde abril del año pasado producto de los recortes presupuestarios realizados en el contexto de pandemia.
– Ajustar las metas establecidas para el SII durante el año 2021, de acuerdo al impacto de las cargas de trabajo por entrega de beneficios que no guardan ninguna relación con su labor institucional.
– Implementar una mesa de trabajo para estos fines, con participación de al menos, ambas asociaciones de funcionarios del SII.
Royalty a la Minería
Además, durante el encuentro con la senadora, le expresamos que las asociaciones de funcionarios del SII estamos absolutamente de acuerdo en el cobro de un royalty a la minería en base a ventas, por concepto de compensación al Estado por la explotación de sus recursos minerales, fundamentado en dos grandes razones consolidadas en la doctrina internacional sobre la materia:
- Los recursos mineros son no renovables por lo que si por causa de problema en el manejo de costos o manipulación de los gastos operacionales en la base imponible del impuesto a la renta (ya sea general o específico) los minerales que fueron extraídos no volverán al subsuelo, por lo que no se concibe que el Estado se quede sin ninguna compensación por la pérdida de un recurso natural no renovable.
- El establecer un impuesto a la renta operacional minera genera costos de fiscalización muy altos, amplificando los riesgos de manipulación de las deducciones en la base imponible del impuesto a la renta.
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