El reportaje de LaBot y CIPER, en conjunto a más de 600 periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de investigación – ICIJ, dieron a conocer ante la opinión pública, una operación millonaria realizada entre la familia del Presidente Piñera y el empresario Carlos Délano en un paraíso fiscal, con la única finalidad de eludir impuestos, además del evidente conflicto de interés de la máxima autoridad del país, supeditando transacciones empresariales a decisiones que debiera adoptar en el ejercicio de su rol.
Los mal llamados paraísos fiscales, que internacionalmente son denominados “guaridas fiscales” por ser utilizados para esconder delitos económicos de alcance internacional, ponen nuevamente la alerta mundial sobre la operación de algunas corporaciones que actúan como verdaderas industrias de la evasión y elusión tributaria en los países donde operan.
Nuestras asociaciones de funcionarios del SII han advertido una y otra vez, tanto a las autoridades gubernamentales como parlamentarias, sobre las vulnerabilidades de la legislación vigente frente a este tipo de operaciones, así como la necesidad de modificarla y dotar de mejores herramientas a la administración tributaria para combatir frontalmente este flagelo.
Sin embargo, la última reforma del Presidente Piñera aprobada tras el estallido social (mal llamada “modernización tributaria”), constituyó un gran retroceso en recaudación y en capacidad de fiscalización, situándonos al límite de convertirnos en una nueva guarida fiscal, en momentos que Chile requiere más que nunca, avanzar en mayor justicia fiscal y tributaria.
La situación que enfrenta nuestro país hace insostenible mantener el actual sistema tributario, requiriendo cambios urgentes en la nueva Constitución y una reformulación de las normas tributarias.
Este reportaje no hace más que reforzar las demandas de las y los funcionarios/as del SII, resaltando la necesidad de terminar de una vez por todas con el secreto bancario para efectos tributarios, la urgente integración de los sistemas de información de la administración del Estado, la aplicación directa de normas antielusión bajo estándares OCDE (sin la autorización previa de tribunales), la asignación de nuevos marcos de autonomía para las instituciones tributarias, el desarrollo de estrategias de fiscalización colaborativa entre Aduanas, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Banco Central y SII, entre otros, fortalecer la persecución penal de delitos económicos y tributarios, así como la entrega de recursos necesarios para combatir de manera frontal la evasión y elusión de impuestos.
Los graves hechos relatados por CIPER y LaBot, ameritan que el Director del SII instruya inmediatamente una investigación a las familias y empresas involucradas, dando a conocer su resultado a la ciudadanía.
Cabe recordar que el Director aún está en deuda respecto al compromiso adquirido en el Congreso en relación al reconocimiento como gasto aceptado por los pagos de honorarios a los abogados que defendieron a los dueños de PENTA, los mismos que hoy están en tela de juicio por el proyecto DOMINGA.
No seremos cómplices de situaciones que jueguen a favor de contribuyentes que buscan evadir sus obligaciones ni de actores políticos que buscan debilitar la institucionalidad tributaria, sea quien sea, por lo que llevaremos a cabo todas las acciones que resulten necesarias para resguardar los intereses del Fisco y de la ciudadanía, en particular de los que más necesitan.
Hacemos un llamado a la ciudadanía a exigir a las y los constituyentes y a las distintas candidaturas presidenciales a presentar proyectos para una nueva y definitiva reforma al sistema tributario, que acorte la brecha de la desigualdad y entregue garantías de equidad en el trato a todos los contribuyentes, sin excepción.
¡Con la fuerza de todos, y por un país con justicia e igualdad de trato!
Directivas Nacionales de AFIICH y ANEIICH
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