Las asociaciones de funcionarios dieron a conocer la situación, describiendo los graves episodios acaecidos en la Región, donde representantes de la autoridad amenazaron con acciones legales y sumarios a los funcionarios. Lo anterior, además de constituir una grave práctica antisindical y de amedrentamiento, viola la Constitución Política de la República y tratados internacionales suscritos por Chile.
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